En España, la relación entre las personas y sus mascotas es una parte fundamental de la vida cotidiana. Los gatos, en particular, han sido compañeros leales de muchas familias durante generaciones. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como la ley de Bienestar Animal, el próximo 29 de septiembre, se ha desatado un debate sobre el exceso de regulación que enfrentan los propietarios de mascotas en el país, en especial los dueños de gatos.
Una de las principales controversias gira en torno a la obligación de poner un microchip de identificación a todos los gatos. Esta medida, que antes era voluntaria, ahora es un requisito legal. El microchip, que cuesta entre 30 y 55 euros, se coloca bajo la piel del cuello de los gatos en una sencilla intervención que no requiere anestesia. Cada chip está asociado a un número de 15 dígitos que permite identificar a los animales extraviados mediante lectores que tienen veterinarios, la Policía y el Seprona.
La justificación de esta nueva normativa es clara: facilitar la identificación de los animales perdidos y, de esta manera, agilizar la búsqueda de sus propietarios. Esta medida ya era obligatoria para los perros, que pueden escaparse durante un paseo o excursión, pero surge la pregunta de si tiene sentido aplicarla de igual manera a los gatos domésticos que raramente salen de casa. Los veterinarios consultados en relación con esta regulación destacan que, aunque los gatos sean animales menos propensos a escapar, nunca está de más tomar precauciones. Un momento de distracción o la curiosidad de un gato pueden llevarlo a salir por un balcón o ventana abierta.
Sin embargo, más allá de la utilidad del microchip, la ley de Bienestar Animal también busca reducir el abandono de animales. Solo el 4,3% de los gatos que llegan a centros de acogida están identificados con microchip. Esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial. La nueva regulación aspira a cambiar esta situación.
A pesar de las buenas intenciones detrás de esta ley, surge una preocupación legítima sobre su efectividad y el exceso de regulación que impone a los propietarios de mascotas, especialmente los dueños de gatos. Muchos veterinarios dudan de la eficacia de las medidas punitivas previstas en la ley, como las multas de hasta 50.000 euros por no cumplir con la identificación del animal.
Es importante señalar que esta regulación también impone la obligación de inscribir a los gatos en el registro de mascotas de la comunidad autónoma correspondiente. Esto agrega una carga burocrática adicional a los propietarios, lo que puede ser percibido como un exceso de regulación. De entrada, ya está asumido que con la entrada en vigor de la ley cientos de miles de mascotas van a ser abandonadas por sus dueños para no asumir los nuevos trámites burocráticos y costes que le suponen los chips y los seguros que la ley les obliga a contratar. De aquí a final de año las perreras municipales y todas las organizaciones de acogida de mascotas van a estar absolutamente saturadas de animales abandonados; muchos dueños van a asumir qué es más práctico abandonar a su mascota qué exponerse a multas que irán de los 10.000 a los 50.000 euros por no cumplir cualquiera de estos trámites.
Además, algunos veterinarios temen que estas medidas transformen su papel de cuidadores de animales en el de policías de una ley que consideran profundamente ideológica. Se supone que cuando un veterinario detecte un animal sin chip tendrá que denunciar a la persona que lo lleve a la clínica ante las autoridades; cuesta trabajo imaginarse que alguien vaya a ser tan tonto como para llevar a un animal sin chip al veterinario y exponerse a una multa de 50.000 euros porque el animal no esté registrado no tenga seguro y no tenga chip, antes se abandona. Los veterinarios son profesionales que dependen de sus clientes por lo que denunciar a un propietario podría llevar a la pérdida de ese cliente y de todos sus conocidos, lo que tendría un impacto negativo en su práctica profesional.
Desde un punto de vista más amplio, también se critica que esta ley podría estar contribuyendo a la criminalización de la tenencia de animales y dificultando la posibilidad de que las personas puedan seguir teniendo mascotas. Uno de los efectos colaterales de esta Ley es que las sanciones y regulaciones excesivas van a desalentar a las personas a la hora de adoptar o mantener animales de compañía. En cuanto empiecen a aparecer en los medios de comunicación noticias sobre cómo una señora mayor que tenía a su perrito desde hace nueve años y no había hecho todos los trámites que la ley le exigía ha sido multada con 40.000 euros y no tiene ese dinero, por lo que la van a embargar y a echarla de su casa, va a haber muchas personas que se planteen tener un gato o un perro.
En conclusión, la nueva ley de Bienestar Animal en España ha generado un debate sobre el exceso de regulación que enfrentan los propietarios de gatos y otras mascotas. Si bien la identificación de los animales perdidos y la reducción del abandono son objetivos loables, es importante equilibrar estas metas con la realidad de los cuidadores de animales y evitar que medidas punitivas excesivas desincentiven la tenencia responsable de mascotas. El diálogo y la colaboración entre propietarios, veterinarios y legisladores hubieran sido fundamentales para encontrar soluciones efectivas que beneficien tanto a los animales como a sus dueños pero fueron omitidos por el gobierno de PSOE y comunistas, en favor de una ley ideológica ideada en restaurantes caros de Madrid por la izquierda caviar.
