Bolaños, el peor síntoma de Españazuela

El procesamiento de Bolaños y sus declaraciones posteriores muestran que Pedro Sánchez nos lleva hacia una república bolivariana

Los paralelismos son tan incómodos como evidentes. En Venezuela, cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, lo hizo envuelto en un discurso regeneracionista que prometía acabar con la corrupción y democratizar el país. Lo que vino después fue un deterioro imparable de las instituciones, empezando por una politización absoluta del sistema judicial. Cualquiera que se atreviera a investigar al poder acababa siendo señalado, acosado y, en muchos casos, apartado. Hoy en España se perciben los mismos síntomas: deslegitimación de los jueces, ataques personales a los magistrados, intentos de control de la Fiscalía, destrucción del equilibrio entre poderes… Y la guinda del pastel es el caso Bolaños.

El juez Peinado apunta a Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que solicita la imputación del ministro Félix Bolaños por dos delitos gravísimos: malversación de caudales públicos y falso testimonio. El caso gira en torno a la contratación de Cristina Álvarez, supuesta asesora de Moncloa que en realidad habría estado dedicada a labores de carácter estrictamente privado para Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Es decir, una asistenta personal pagada con dinero de todos los españoles.

Según detalla el juez, Cristina Álvarez fue nombrada directora de Programas en Moncloa en 2018, cuando Bolaños ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia. Sin embargo, lejos de desempeñar funciones institucionales, Álvarez se dedicó a organizar actos relacionados con la cátedra universitaria de Begoña Gómez y a buscar patrocinios para sus actividades privadas. Correos electrónicos incluidos en la causa confirman su papel como trabajadora de la mujer del presidente pagada con fondos públicos, incluyendo gestiones ante entidades como Reale Seguros, Ifema y Fundación La Caixa. Todo ello desde su correo oficial de Moncloa.

Mentiras bajo juramento

Pero lo que agrava la situación de Bolaños no es solo el escándalo ético de la contratación, sino su comportamiento en sede judicial. En abril de 2024, el ministro compareció como testigo ante el juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias. Durante su declaración, Bolaños negó haber tenido responsabilidad en el nombramiento de Álvarez y señaló como responsable a Raúl Díaz, coordinador de Personal de Moncloa. El problema es que Raúl Díaz ha negado rotundamente tal implicación en dos declaraciones judiciales distintas. Y no es el único. Otro testigo, Alfredo González, ha asegurado que las instrucciones le llegaban directamente de Bolaños.

El juez considera que Bolaños mintió de forma deliberada, con “reticencias maliciosas” y respuestas evasivas, buscando protegerse y entorpecer la investigación. Su actitud, calificada como “proterva” (es decir, perversa y obstinada), fue tan ofensiva que incluso llegó a esbozar sonrisas durante el interrogatorio, como si la justicia fuera un juego para él.

El vídeo de la declaración revela momentos de tensión en los que el juez tuvo que suspender la comparecencia para que el ministro dejara de mentir y recabara datos fiables. Al regresar, Bolaños aportó un certificado con la supuesta cadena de responsabilidad… que tampoco aclaraba nada. Lo peor es que, según el propio magistrado, lo que está ocurriendo es una imposibilidad deliberada de identificar al responsable del nombramiento porque todos los implicados fingen no saber nada. Una cortina de humo construida desde dentro de Moncloa.

Moncloa niega los hechos y arremete contra el juez

Lejos de dar explicaciones, el Gobierno ha cerrado filas en torno a su ministro. Bolaños ha afirmado tener una “tranquilidad absoluta” y ha acusado al juez de “errores de bulto” en su instrucción. Se ha negado a aceptar que mintiera en sede judicial y ha insinuado que el Supremo acabará tumbando la causa. Es decir, no solo se niega a asumir responsabilidades, sino que además lanza un mensaje preocupante: que el poder político puede sobreponerse al poder judicial.

Moncloa ha entrado así en una espiral de desprecio institucional que recuerda demasiado al estilo chavista: los jueces que no se pliegan son “fachas con toga”, los fiscales que no obedecen son “ultraderechistas” y las decisiones judiciales se combaten desde las ruedas de prensa con altanería. Es el manual de Caracas aplicado en Madrid.

Además lo hacen con la tranquilidad de que en cualquier caso, si pasara lo peor, Conde Pumpido acudirá en su auxilio desde el Tribunal Constitucional alegando cualquier falso argumento para anular todo el proceso.

Una estructura al servicio del presidente y su entorno

En el fondo del caso late una cuestión más profunda: ¿se está utilizando el aparato del Estado para beneficiar directamente al entorno privado del presidente? Porque no se trata solo de la contratación de una amiga de Begoña Gómez. Este caso encaja en un patrón más amplio que incluye la investigación sobre la propia esposa del presidente, el juicio pendiente contra su hermano por malversación y tráfico de influencias, y la presunta trama de comisiones por la que están siendo investigados personajes clave del PSOE como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo García.

Todo apunta a una estructura que se mueve como un clan político-empresarial, utilizando recursos públicos para impulsar proyectos privados y personales. Y el ministro de Justicia está en el centro de esa estructura. Ya veremos si los jueces son capaces de procesar a Pedro Sánchez y su banda por un delito de asociación para delinquir, que conforme se van revelando más y más escándalos es lo que parece a los ojos de la opinión pública.

¿Qué ocurrirá ahora con el Supremo?

La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo. Si la Sala Segunda admite la exposición razonada del juez Peinado y decide imputar a Bolaños, España entraría en una situación insólita: el ministro de Justicia, responsable de las relaciones con los jueces, procesado por mentir bajo juramento y participar en el desvío de fondos públicos. Pero no hay que hacerse ilusiones. Ya en el pasado, esa misma Sala evitó calificar de rebelión el golpe separatista catalán, en una decisión que dejó un regusto amargo de cobardía institucional. Muchos temen que esta vez vuelva a escurrir el bulto, temerosa de las consecuencias políticas o de verse atrapada en la maquinaria represiva del Gobierno.

En este contexto, la justicia se ha convertido en el último muro de contención frente a un Gobierno que no oculta su desprecio por el equilibrio de poderes. Pedro Sánchez ha tomado el control de la Fiscalía, ha bloqueado la renovación del CGPJ hasta tener una mayoría a medida, ha eliminado delitos para favorecer a sus socios separatistas y ahora se permite que su ministro de Justicia se burle de los jueces en su cara.

España aún no es Venezuela. Pero va camino de serlo.

Este es el modelo de república bolivariana que ya conocemos. Se empieza descalificando a los jueces, se continúa nombrando fiscales sumisos, se legaliza la malversación, se utiliza el Estado como herramienta personal… y se termina cerrando medios de comunicación, persiguiendo opositores y pisoteando el Estado de derecho.

El caso Bolaños no es un episodio aislado. Es un síntoma de un proceso corrosivo que amenaza con destruir los fundamentos democráticos de nuestro país. Si los españoles no tomamos conciencia de lo que está en juego, si no comprendemos que una democracia no se sostiene sin jueces independientes y sin responsabilidades políticas claras, acabaremos por convertirnos en aquello que siempre dijimos que no éramos. El chavismo ya está aquí: están a dos pasos de llevarnos al paraíso socialista del siglo XXI.