Cada vez que los partidos del Gobierno anuncian una de sus medidas estrella, la mayoría de la gente se lleva las manos a la cabeza y se pregunta si será posible que sigan adelante con esa tontería; lo malo es que siguen adelante con esas memeces y acaban convirtiéndolas en leyes.
Algunos nos reíamos de Irene montero porque pensábamos que semejante sarta de estupideces no podía acabar saliendo en el BOE y ahí está la abundante producción legislativa del ministerio de igualdad que ha conseguido que los hombres estemos discriminados legalmente, igual que los negros estuvieron en el apartheid sudafricano o los judíos lo estuvieron en el Tercer Reich de Hitler.
Con la ley de amnistía a los políticos catalanes que promovieron el golpe de estado independentista en Cataluña en 2017, el partido Socialista ha abierto una brecha por la que ahora se quieren colar muchos delincuentes. Cualquiera que tenga causas penales pendientes o condenas firmes por haber cometido delitos y que ahora tiene la más mínima posibilidad de presionar a Pedro Sánchez amenazándole con no darle el voto en su sesión de investidura si no le da una amnistía, tiene una oportunidad de oro para ver cómo sus delitos desaparecen por arte de magia.
Igual que nadie se creía que Irene Montero fuese capaz de poner en negro sobre blanco sus estupideces sobre el heteropatriarcado y luego se convirtieron en leyes del Reino de España, que a nadie le quepa duda de que la amnistía que los independentistas catalanes le han exigido a Pedro Sánchez la veremos aparecer en el BOE por muy inconstitucional que sea. A Pedro Sánchez le da igual que sea o no sea inconstitucional; ya lo demostró con los estados de alarma porque sabe perfectamente que con la lentitud con la que funcionan los tribunales y el absoluto la absoluta prevalencia del poder ejecutivo sobre el judicial en el Estado español, tiene todas las de ganar o, por lo menos, sabe que no va a perder nada por mucho que se pase la Constitución por el arco del triunfo.
Hay que tener claro la diferencia entre el indulto y la amnistía: en el indulto la ley penal sigue estando perfectamente vigente y la condena penal sigue existiendo pero se suspende o anula su ejecución y el condenado no tiene que pagar con prisión o, si la amnistía si el indulto lo incluye, las consecuencias económicas de esa condena como las multas y las indemnizaciones. Con la amnistía se considera que el delito no ha existido nunca y, por tanto, no existe condena posible. Y tampoco existen los antecedentes penales por esos hechos ni, a diferencia de la amnistía, se exige al amnistiado que muestre arrepentimiento o haya manifestado su intención de no volver a delinquir: el sueño de Alí Babá.
Con la amnistía a los independentistas catalanes Pedro Sánchez ha abierto la caja de Pandora y ahora desde Sumar ya hay quienes han visto la brecha y están intentando colarse para que sus procedimientos penales o sentencias firmes queden sin valor. En este caso se trata de los activistas que viven del negocio de la okupación; se hacen llamar movimientos sociales porque lo de el allanamiento de morada, la usurpación y la apropiación indebida queda muy feo para ir presumiendo por ahí. Es muchísimo más chulo decir que se okupa una vivienda por motivos de justicia social o en defensa de la clase trabajadora. Cosas chulísimas, ya sabes.
En realidad esto forma parte de un movimiento más amplio que proviene de sectores de la extrema izquierda que afirman sin complejos que junto a la defensa de los independentistas catalanes se debería estar luchando contra la destrucción del planeta por parte del sistema capitalista o para acabar con el proceso represivo que se sostiene con los delitos de desórdenes públicos. Es decir, estos grupos de izquierda de extrema izquierda pretenden despenalizar todo lo que hace que tengamos una sociedad pacífica y basada en el respeto a los demás. Proponen acabar con la propiedad privada, con la paz en las calles y con el respeto a las leyes. Los delincuentes ahora mismo están envalentonados porque lo que les llega desde el Gobierno es música para sus oídos.
No voy a entrar aquí en la injusticia que supone la okupación de viviendas pero sí que habría que hacer notar que todas estas políticas que se adoptan desde el gobierno promovidas por su sector comunista, están arruinando el mercado del alquiler de vivienda porque cada vez más propietarios sacan sus pisos del mercado de alquiler por miedo a los ocupas, inquiokupas, y toda la morralla que se aprovecha de la indefensión en la que las nuevas leyes de vivienda dejan al arrendador. En la cabeza de un comunista, lógicamente, no cabe pensar que si se reduce la oferta vayan a subir los precios y cuando descubre sorprendido que alquilar una vivienda se pone por las nubes, la única reacción que le cabe a una persona de izquierdas es pedir que se regulen los precios. Ya sabemos que cuando se regularon los precios en época de Franco, los centros de las ciudades envejecieron porque los propietarios no veían motivo para mantener en un estado decente sus propiedades ya que las leyes franquistas habían establecido un sistema de rentas fijas, la llamada renta antigua, por el que muchas veces el recibo del alquiler no fuese suficiente ni siquiera para pagar los gastos de comunidad de las fincas.
Si estas leyes siguen adelante veremos cómo los piquetes informativos se adueñan de las calles y dan mucha información a los negocios y a los trabajadores, empresas cerradas para frenar el cambio climático y viviendas abandonadas al estilo de la Habana: otro éxito del comunismo.
