La trayectoria política de Dolores Delgado ilustra una degradación especialmente dañina: la de una profesional que entra en el Gobierno con un currículum propio y acaba identificada con las conveniencias del poder que la promocionó. Su problema no consiste en haber perdido todos sus cargos. Ha conseguido mantenerse en posiciones relevantes. El problema es otro: cada nuevo destino ha hecho más difícil distinguir entre el reconocimiento profesional y la protección política. Se puede conservar un despacho mientras se dilapida la autoridad moral necesaria para ocuparlo.
Delgado no llegó a la política sin experiencia. Ingresó en la carrera fiscal en 1989 y trabajó en asuntos de narcotráfico, terrorismo y crímenes contra la humanidad. Esa trayectoria merece reconocerse porque permite medir mejor el deterioro posterior. Había una reputación profesional que preservar. Cuando Pedro Sánchez la nombró ministra de Justicia en junio de 2018 podía presentarse como una incorporación con conocimientos y oficio. Precisamente por eso resulta tan decepcionante su transformación en protagonista recurrente de polémicas sobre confianza e imparcialidad. fiscal.es
Su etapa ministerial quedó pronto marcada por las grabaciones de una comida con José Manuel Villarejo celebrada en 2009. Las explicaciones públicas fueron un desastre: desde Justicia se negó inicialmente la relación y después se introdujeron matices sobre encuentros compartidos y ausencia de vínculos profesionales. Delgado terminó reconociendo que había coincidido con él en tres ocasiones. También denunció un chantaje destinado a desestabilizar al Gobierno. Esa defensa podía explicar el interés de quien difundía las grabaciones, pero no despejaba las dudas sobre sus propias explicaciones. rtve.es
Conviene separar responsabilidades: compartir una comida no demuestra participación en los delitos de otro comensal. Ahora bien, la credibilidad de una ministra de Justicia exige más que mantenerse lejos de una condena. Exige claridad cuando aparecen hechos incómodos. Si las explicaciones necesitan sucesivos retoques, el ciudadano tiene motivos para desconfiar. Quien dirige ese ministerio debería comprender especialmente bien que la confianza institucional se deteriora cuando parece que las respuestas se ajustan a lo que ya resulta imposible negar.
En noviembre de 2018 acumulaba tres reprobaciones parlamentarias: dos en el Congreso y una en el Senado. Respondían a distintas controversias de su gestión y carecían del efecto automático de una destitución. No eran sentencias judiciales. Pero tampoco simples anécdotas. Dibujaban el desgaste de una ministra convertida en foco de conflicto demasiado pronto. Sánchez la mantuvo y ella continuó. La responsabilidad política quedaba subordinada a la resistencia del Gobierno y a su capacidad para soportar otra semana de titulares adversos. RTVE.es
El salto decisivo llegó en 2020: de ministra de Justicia y diputada socialista a fiscal general del Estado. Podía reunir los requisitos legales y seguir siendo una elección institucionalmente desacertada. La Fiscalía necesita una apariencia de imparcialidad particularmente sólida. Trasladar a una integrante reciente del Gobierno a su jefatura obligaba a pedir al ciudadano una confianza extraordinaria: debía creer que la proximidad política dejaba de importar inmediatamente después del nombramiento. La independencia merecía una precaución que Sánchez decidió ahorrarse.
El Consejo General del Poder Judicial avaló por doce votos contra siete que cumplía los requisitos legales. Su dictamen evitó pronunciarse expresamente sobre la idoneidad. Posteriormente, el Supremo rechazó los recursos de PP y Vox por falta de legitimación para impugnar el nombramiento. Estos matices importan: sería incorrecto presentar aquella designación como judicialmente anulada. La objeción política sigue intacta. Una decisión puede sobrevivir al control judicial y constituir un precedente pésimo para la confianza en las instituciones. rtve.es
Después llegaron los episodios que convirtieron su continuidad profesional en una controversia casi permanente. Delgado dejó la Fiscalía General en 2022 alegando razones de salud. Ese mismo año fue promovida a fiscal de sala y destinada a la Fiscalía Togada del Supremo. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo anuló aquel nombramiento al apreciar desviación de poder en la propuesta de su sucesor, Álvaro García Ortiz. La finalidad identificada por la sentencia era asegurar su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. rtve.es
Este episodio permite formular una crítica severa sin inventar nada. La resolución cuestionó que una potestad destinada a cubrir una plaza conforme al mérito se utilizara para garantizar una promoción determinada. No fue una condena penal contra Delgado. Fue un reproche judicial a la actuación administrativa que la beneficiaba. Políticamente resulta demoledor: cuando una institución parece preocuparse más por el rango de quien la dirigió que por justificar adecuadamente la selección, transmite una imagen de privilegio difícil de defender.
La secuencia continuó con la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Su primer nombramiento fue anulado en 2024 porque debía examinarse una posible incompatibilidad relacionada con la actividad de Baltasar Garzón, su pareja. El Supremo exigió que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre esa cuestión. También aquí hay que evitar exageraciones: aquella resolución no equivalía a declarar definitivamente que Delgado fuera incompatible. Lo censurable era haber avanzado sin resolver previamente una garantía relevante para la imparcialidad del puesto. rtve.es
Y existe un dato posterior que cualquier crítica honrada debe incorporar: en noviembre de 2025, el Supremo confirmó su segundo nombramiento para esa Fiscalía. Rechazó el recurso planteado y señaló la obligación de abstenerse en asuntos en los que su marido hubiera intervenido profesionalmente. Ocultar ese desenlace sería falsear la historia. Reconocerlo tampoco obliga a aplaudir la trayectoria. La legalidad del nombramiento posterior no borra el desgaste provocado por los procedimientos anteriores ni convierte automáticamente en ejemplar la política de promociones seguida. efe.com
Delgado conserva el cargo. Eso está acreditado. Que conserve prestigio es un juicio distinto. A mi entender, su autoridad pública ha quedado profundamente erosionada por la acumulación de vínculos políticos, explicaciones deficientes y nombramientos controvertidos. No hace falta atribuirle pensamientos secretos ni afirmar que cada paso respondió exclusivamente a una ambición personal. Basta observar el resultado: una carrera que debía transmitir solvencia institucional se ha convertido en una discusión constante sobre el trato recibido desde la cúspide del poder. fiscal.es
Tampoco empezó con Sánchez la confusión socialista entre lealtad partidista y defensa de las instituciones. El antecedente más grave sigue siendo el de los GAL. José Barrionuevo y Rafael Vera fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey y por malversación. No hablamos de una discrepancia sobre nombramientos, sino de delitos cometidos desde responsabilidades públicas durante la etapa de Felipe González. Las diferencias de gravedad son enormes y deben mantenerse. Precisamente por eso aquel precedente impide aceptar lecciones de superioridad moral sin escrutinio. EL PAÍS
El PSOE tiene demasiados episodios oscuros como para tratar cada escándalo como una anomalía sin antecedentes. Sus militantes y votantes no comparten automáticamente responsabilidades individuales. Sus dirigentes sí deben responder por una cultura política que presenta la protección de los propios como una obligación superior. Llamar «fontanería» a las maniobras de aparato apenas suaviza el problema: cuando el partido ocupa el centro, la institución termina relegada. Quien acepta desempeñar ese papel puede obtener continuidad, ascensos y respaldo, pero paga con su nombre cada deterioro.
